Acción de Impugnación de la Paternidad: Quién Puede Interponerla, Plazos de Caducidad y Errores Frecuentes

La acción de impugnación de la paternidad es uno de los tipos de demanda más malinterpretados en el derecho de familia, y en el que con más frecuencia se pierden los plazos. Por un lado, existe una falsa sensación de tranquilidad —"si el marido no es el padre, la presunción se desvirtúa de todos modos"— y, por otro, incertidumbre sobre quién puede interponer la acción y en qué plazo, lo que a menudo provoca que el derecho se pierda desde el principio. Este artículo aborda quién puede interponer la acción, cómo operan los plazos de caducidad y los errores que se encuentran habitualmente en la práctica.

¿Por qué se presume que el marido es el padre del hijo nacido durante el matrimonio?

Conforme al artículo 285 del Código Civil turco (TMK), se presume que es padre del hijo nacido durante el matrimonio, o dentro de los trescientos días siguientes a su disolución, el marido. Se trata de una presunción establecida por la ley; si se considera que no refleja la realidad, debe desvirtuarse mediante la interposición de una acción de impugnación de la paternidad. Sin desvirtuar la presunción, afirmar que "de todos modos no es el padre biológico" no produce ningún efecto jurídico —el registro civil no se modifica hasta que la acción de impugnación de la paternidad adquiera firmeza—.

¿Quiénes pueden interponer la acción?

El derecho a interponer la acción corresponde a tres personas: el marido, el hijo y —desde la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de julio de 2023 (E. 2023/37, K. 2023/140), que declaró contraria al principio de igualdad la falta de reconocimiento de este derecho a la madre y anuló dicha omisión— la madre. Estas tres personas pueden interponer la acción directamente, en su propio nombre.

Además, en los supuestos en que el marido fallezca antes de que expire el plazo para interponer la acción, sea declarado ausente o pierda de forma permanente la capacidad de discernimiento, también pueden interponer la acción en su propio nombre los descendientes del marido, su madre, su padre o la persona que alegue ser el padre. En nombre del hijo menor de edad, la acción la interpone un curador que se designe a tal efecto.

Plazos de caducidad — donde más se pierde el derecho

El marido debe interponer la acción dentro del año siguiente a la fecha en que tenga conocimiento del nacimiento y de no ser el padre, o de que la madre mantuvo relaciones sexuales con otro hombre durante el período de concepción. El plazo comienza a correr no desde la fecha del nacimiento, sino desde la fecha del conocimiento; existe, no obstante, jurisprudencia consolidada según la cual dicho conocimiento debe basarse no en una sospecha abstracta, sino en información concreta que no deje lugar a dudas (por ejemplo, el resultado de una prueba de ADN).

La madre debe interponer la acción desde el nacimiento; el hijo, desde que alcance la mayoría de edad, también dentro del plazo de un año. Si el retraso se debe a una causa justificada, el plazo de un año comienza a correr desde la fecha en que dicha causa desaparece —es decir, el plazo no se prolonga automáticamente; debe además acreditarse y probarse en el proceso que el retraso se debió a una causa justificada—.

Este plazo de caducidad es apreciado de oficio por el juez, sin necesidad de que las partes lo aleguen; aunque la parte demandada no lo oponga como defensa, una acción interpuesta fuera de plazo es desestimada.

Para las personas a quienes el artículo 291 del TMK reconoce posteriormente el derecho a interponer la acción (los descendientes del marido, su madre, su padre o quien alegue ser el padre), el plazo es de un año desde que tengan conocimiento del nacimiento y del fallecimiento del marido, de la pérdida permanente de su capacidad de discernimiento o de la declaración de su ausencia. Para el curador designado para el hijo menor de edad, el plazo es de un año desde la notificación de la resolución de nombramiento.

Carga de la prueba y fuerza de la presunción

La carga de la prueba recae sobre quien interpone la acción; existe una presunción legal de que la madre y el marido de un hijo nacido dentro del matrimonio son los progenitores biológicos, y debe probarse lo contrario de esta presunción. Cuando el hijo fue concebido dentro del matrimonio, la prueba resulta más exigente: el demandante debe acreditar que la paternidad del marido era de hecho imposible (por ejemplo, mediante hechos concretos como que el marido se encontraba en el extranjero, en prisión o que su infertilidad estaba médicamente acreditada durante el período comprendido entre los 180 y los 300 días anteriores al nacimiento), o bien que resulta más probable que otro hombre sea el padre. A falta de tales hechos concretos, el medio de prueba más fiable es la prueba de ADN; aunque la ley no impone la prueba de ADN con carácter obligatorio, los tribunales recurren a ella en la práctica.

Cuando el hijo fue concebido antes del matrimonio o durante un período en que los cónyuges vivían separados, la presunción se considera más débil y no se exige al demandante una prueba tan rigurosa.

Quién debe ser el demandado y si la falta de constitución de las partes hace decaer la acción

Como regla general, la acción se dirige contra el otro cónyuge y el hijo; esto es necesario porque una resolución que va a modificar el registro civil afecta a ambos como partes. Sin embargo, que el hijo o el otro cónyuge no hayan sido señalados como demandados no exige que la acción se desestime por este motivo —el juez puede completar de oficio la constitución de las partes—. Debe designarse un curador para el hijo menor demandado, que lo represente durante todo el proceso. Conforme a la práctica consolidada, aunque la acción sea estimada, no se condena al hijo demandado al pago de costas ni de honorarios de abogado —el fundamento de ello es que el hijo no tiene ninguna culpa en este resultado—.

El reconocimiento y la aceptación no vinculan al tribunal

Las acciones sobre filiación afectan estrechamente al orden público, por lo que no son acciones dejadas a la voluntad de las partes. Ni la aceptación de la acción por la madre o el hijo, ni la declaración de la madre de que mantuvo una relación con otro hombre durante el período de concepción, ni siquiera el reconocimiento expreso del marido de que no es el padre, vinculan por sí solos al tribunal. El tribunal solo puede fundar su decisión en una prueba concreta y objetiva: bien que la paternidad del marido era de hecho imposible por no haber existido relación sexual alguna durante el período comprendido entre los trescientos y los ciento ochenta días anteriores al nacimiento, bien que la ausencia de filiación ha quedado acreditada por un método científico. Que se pruebe que la madre también mantuvo relaciones con otras personas durante el mismo período no exime por sí solo al marido de la paternidad —para que ello tenga relevancia, debe además acreditarse la imposibilidad de la paternidad del marido—.

El método de prueba científica más habitual en la actualidad es la prueba de ADN, si bien históricamente la incompatibilidad de grupo sanguíneo también se ha utilizado como método clásico de exclusión y sigue constituyendo una prueba objetiva. En el sistema de grupos sanguíneos ABO, el grupo sanguíneo del hijo está limitado a los genes que pueden transmitir la madre y el padre; por ejemplo, si tanto la madre como el marido tienen grupo sanguíneo 0, se admite que el hijo nacido de esta pareja solo puede tener grupo sanguíneo 0, y que un hijo con grupo A, B o AB no podría haber nacido de estos progenitores. La constatación de una incompatibilidad de este tipo constituye una prueba sólida de la imposibilidad de la paternidad. No obstante, en la práctica los tribunales prefieren hoy en día resolver la cuestión directamente mediante la prueba de ADN; esto vuelve a poner de manifiesto por qué es tan crítica la correcta constitución de las partes —la correcta incorporación al proceso de la madre y el hijo demandados—, ya que los trámites de toma de muestras y de costes que exige la prueba solo pueden solicitarse debidamente de quienes son verdaderas partes en la acción.

El plazo adicional de sesenta días tras un sobreseimiento procesal — y sus límites

En la práctica se presenta un riesgo importante: mientras la acción se tramita a través de abogado, se notifica a este la solicitud de que se abone una provisión de fondos para gastos —por ejemplo, para cubrir una costosa prueba de ADN—, pero dicha notificación no se traslada al cliente o no se abona dentro del plazo. Conforme a la letra (g) del apartado primero del artículo 114 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (HMK), el abono de la provisión de fondos que debe realizar el demandante se considera un presupuesto procesal de la acción; si este requisito no se cumple, la resolución que se dicte será un sobreseimiento por motivos procesales, sin entrar en el fondo del asunto. Una vez que esta resolución de sobreseimiento adquiere firmeza, ya nadie puede sostener que en realidad se trataba de una desestimación sobre el fondo —la naturaleza de una resolución firme no puede ponerse en discusión—.

Si en la fecha en que dicha resolución de sobreseimiento procesal adquiere firmeza ya ha transcurrido el plazo de caducidad, el artículo 158 del Código de las Obligaciones turco (TBK) ofrece aquí una vía de salida —pero no se trata de una posibilidad que opere automáticamente ante cualquier sobreseimiento procesal—. El artículo condiciona el aprovechamiento del plazo adicional a que concurra alguna de estas tres situaciones: la falta de jurisdicción o de competencia del tribunal, un defecto subsanable, o que la acción se haya interpuesto de forma prematura.

Un ejemplo de falta de competencia: conforme al artículo 283 del TMK, las acciones relativas a la filiación se interponen ante el tribunal del domicilio de cualquiera de las partes en el momento de la acción o en el momento del nacimiento. Si la acción se interpone ante un tribunal que no corresponde a ninguno de estos dos domicilios y la parte contraria plantea a tiempo la excepción de incompetencia, el tribunal dicta resolución de incompetencia; si a raíz de esta resolución no se solicita dentro de plazo la remisión del expediente al tribunal competente, se considera que la acción no ha sido interpuesta. Esta situación también queda comprendida en el artículo 158 del TBK y puede aprovecharse el plazo adicional de sesenta días.

Un ejemplo de defecto subsanable: que la madre o el hijo, que deberían figurar como demandados, no hayan sido señalados como partes, y que el tribunal, en lugar de completar de oficio la constitución de las partes como debía hacer, pase por alto esta circunstancia y sobresea la acción por motivos procesales debido a esta deficiencia. Si dicha resolución adquiere firmeza, también puede plantearse la misma posibilidad de plazo adicional.

El elemento común de estas tres situaciones es que el transcurso del plazo no debe deberse a culpa personal del demandante. Por el contrario, si el demandante tramita la acción sin abogado y, pese a habérsele notificado y advertido debidamente, no realiza el trámite exigido (por ejemplo, el abono de la provisión de fondos), ello constituye culpa propia y directa, y no puede aprovecharse el artículo 158 del TBK. Una acción interpuesta de nuevo una vez transcurrido el plazo de caducidad se desestima esta vez no por motivos procesales, sino sobre el fondo —porque el tribunal está valorando ya, sobre el fondo, un derecho que no fue ejercitado dentro de plazo—. Una vez que la desestimación sobre el fondo adquiere firmeza, el derecho se pierde de forma permanente y sin posibilidad de subsanación.

Como supuesto distinto, si la acción fue desestimada sobre el fondo (y no por motivos procesales) desde el principio, dicha resolución, una vez firme, produce también efecto de cosa juzgada, y no puede interponerse una nueva acción sobre la misma cuestión; ante una resolución de este tipo, lo procedente no es interponer una nueva acción, sino recurrir dicha resolución dentro de plazo mediante los recursos de apelación y, en su caso, de casación.

Otros aspectos prácticos del procedimiento

La acción se interpone ante el juzgado de familia del domicilio de cualquiera de las partes, en el momento de la acción o en el momento del nacimiento, conforme al artículo 283 del TMK; en los lugares donde no se haya constituido un juzgado de familia, se interpone ante el juzgado de primera instancia de lo civil que actúe con las funciones de juzgado de familia. Si la acción se tramita a través de abogado, dado que se trata de derechos personalísimos, debe otorgarse un poder con fotografía que contenga una autorización específica para este asunto. Por tratarse la filiación de una cuestión que afecta estrechamente al orden público, los tribunales suelen también poner estas acciones en conocimiento de la fiscalía y de las autoridades competentes en materia de registro civil/patrimonio del Estado. Los efectos de la acción se producen una vez que la resolución adquiere firmeza; antes de la firmeza no se modifica el registro civil.

Por qué debe tramitarse siempre con un abogado

Las consecuencias de la acción de impugnación de la paternidad no se limitan a un cambio en el registro civil. Si la acción no adquiere firmeza, el hijo sigue siendo considerado hijo del marido y continúa beneficiándose de todos los derechos legales vinculados al marido, como los derechos sucesorios, la legítima o los alimentos. Quienes dejan transcurrir el plazo de caducidad a veces piensan "entonces interpondré una acción de reclamación de paternidad contra el verdadero padre"; pero esto no produce el resultado esperado. La filiación de un hijo solo puede quedar establecida, en un mismo momento, respecto de un único hombre; mientras la filiación con el marido no quede dejada sin efecto mediante una resolución firme, no puede estimarse una acción de reclamación de paternidad dirigida contra otro hombre. Que cualquier persona pueda interponer cualquier acción es una cuestión distinta de que dicha acción sea estimada y se gane —el derecho de impugnación de la paternidad cuyo plazo de caducidad ha transcurrido no puede sustituirse por una posterior acción de reclamación de paternidad; dicha acción puede interponerse, pero se perderá porque la filiación existente no ha sido dejada sin efecto—.

Por ello, resulta de importancia crítica que la acción se tramite desde el principio ante el tribunal correcto, con las partes correctas y cumpliendo sin excepción todas las obligaciones procesales. Que el proceso se lleve a través de un abogado evita que se cometan errores irreversibles en cuestiones como el plazo de caducidad, la constitución de las partes y los presupuestos procesales antes mencionados.

En resumen

Los dos elementos más críticos en la acción de impugnación de la paternidad son determinar correctamente cuándo comenzó a correr el plazo y asegurarse de que no se omita ningún trámite durante el proceso (especialmente en obligaciones procesales como los gastos y las provisiones de fondos). Una vez transcurrido el plazo, no queda más vía de retorno que el plazo adicional de sesenta días que ofrece el artículo 158 del TBK —y tampoco existe garantía de que dicha posibilidad resulte aplicable en todos los casos—.

Este artículo ha sido elaborado con fines meramente informativos. El curso de acción a seguir en una acción de impugnación de la paternidad varía de forma significativa según las circunstancias concretas del caso, la fecha en que comenzaron a correr los plazos y las pruebas obrantes en el expediente; lo aquí expuesto no constituye asesoramiento ni opinión jurídica.